JOAQUIN RAMOS CORPAS
PROCURADOR
Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla

joaquinramoscorpas@msn.com
C/. Canalejas, nº 4, 41710-UTRERA (Sevilla)
FAX  955 867 901
Tfns. 954 863 942  -  606 347 396



Partidos Judiciales de Sevilla y Utrera 
(Los Molares, El Coronil, El Palmar de Troya, Los Palacios, Alcalá del Río, La Algaba, Bormujos, Burguillos, Camas, Castilblanco de los Arroyos, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, El Castillo de las Guardas, El Garrobo , Gelves, Gerena, Gines, Guillena, El Madroño, Mairena del Aljarafe, La Rinconada, El Ronquillo , San Juan de Aznalfarache, Santiponce, Tomares, Valencina de la Concepción, Utrera y Sevilla)
 
 

Necesidad de intervención de abogado y procurador

Para determinar en qué casos es necesaria la intervención de un abogado, de un procurador o de ambos ante los tribunales, es preciso distinguir entre sus distintas ramas o jurisdicciones del derecho: civil, penal, laboral y administrativa.

En algunos casos, como veremos, no es obligatorio valerse de un abogado para acudir a los tribunales. No obstante, aunque no imprescindible, su intervención siempre resultará aconsejable, por cuanto hasta los asuntos más aparentemente sencillos pueden encerrar complejidades jurídicas que se escapan al profano en Derecho, y la mejor defensa sólo puede garantizarla un abogado con la debida formación y competencia. Como reza el dicho: “Quién se defiende a sí mismo tiene a un tonto por abogado”.

En el proceso judicial civil

La intervención del abogado en los procesos judiciales será siempre necesaria salvo en:

  • Los juicios verbales cuya cuantía sea inferior a 2.000 €.
  • En la petición inicial de los procedimientos monitorios.
  • En aquellos escritos en los que se solicita la adopción de medidas urgentes con anterioridad al juicio o la suspensión de vistas y actuaciones.

Sin embargo, cuando no es obligatoria la intervención de abogado y procurador, y alguna de las partes decide asistirse de ambos profesionales deberá ponerlo en conocimiento del juzgado para que éste le de la oportunidad al contrario de presentarse también con abogado y procurador.

Lo que se pretende es garantizar la igualdad de las partes en el juicio, igualdad que puede ponerse en peligro si una de ellas acude acompañada de letrado y la otra no. En este último caso, el mismo juzgado o tribunal, si aprecia la existencia de esta desigualdad puede acordar la suspensión del procedimiento hasta que designe o le sea nombrado un abogado.

Por otra parte, es obligatoria la intervención del procurador en todos los procesos civiles a excepción de:

  • Los juicios verbales cuya cuantía sea inferior a 2.000 €.
  • En la petición inicial de los procedimientos monitorios.
  • En aquellos escritos en los que se solicita la adopción de medidas urgentes con anterioridad al juicio o la suspensión de vistas y actuaciones.
  • En los juicios universales, cuando la comparecencia se limite a presentar títulos de crédito o derechos, o para concurrir a juntas.
  • En los incidentes relativos a impugnación de resoluciones en materia de asistencia jurídica gratuita.

En el proceso penal

Siempre que una persona es detenida tiene derecho a nombrar o a que le sea designado un abogado para su defensa.

En estos casos, la asistencia del abogado consistirá en solicitar que se informe de los derechos que asisten al detenido o preso, solicitar la declaración o ampliación de los extremos que considere necesarios, solicitar que se reflejen en el acta aquellas incidencias que puedan haberse producido y además de entrevistarse reservadamente con el detenido.

La presencia del abogado es obligatoria durante la tramitación de todo el procedimiento judicial y ostentará también la representación del imputado.

El procurador sin embargo, sólo será necesario en los casos en los que se acuerde la apertura del juicio oral.

Por otra parte, la presencia del abogado no es necesaria, aunque sí muy aconsejable, en la tramitación de los juicios de faltas.

En el proceso judicial laboral

Si bien la presencia del abogado y del procuradorno es legalmente obligatoria en la tramitación de los procesos laborales o sociales, la del abogado sí es imprescindible para defender los intereses de las partes con las mínimas garantías, dada la complejidad de la materia y la relevancia de los intereses que se ventilan en estos procedimientos.

En el proceso contencioso-administrativo

Es obligatoria la intervención solamente de abogado o de ambos abogado y procurador, dependiendo de si las acciones deben entablarse ante un órgano unipersonal (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo) o ante un órgano colegiado (Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Nacional), respectivamente.

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EL Procurador

De acuerdo con el artículo 543 de la LOPJ, corresponde exclusivamente a los procuradores la representación de las partes en todo tipo de proceso (salvo cuando la ley autorice otra cosa). Principio general es el de que las partes puedan designar libremente a sus procuradores siempre que éstos reúnan los requisitos exigidos por las leyes (art. 545 de la LOPJ) y, de manera coordinada, el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, establece que la Procura es una profesión libre, independiente y colegiada que tiene como principal misión la representación técnica de quienes sean parte en cualquier clase de procedimiento (art. 1,1). 

Esta noción de la representación debe, no obstante, ser fijada en cuanto a su alcance, pues es sólo una representación procesal, esto es, para actuar en nombre de la parte en el proceso, mediante el ejercicio de los derechos procesales, la liberación de las cargas correspondientes y la asunción de los deberes y obligaciones de esta naturaleza, a salvo los que la ley impone directamente al representado. 

No cabe, por tanto, confundirlo con la posible actuación del litigante como parte por medio de representación legal o voluntaria, que excluye la gestión directa del proceso y, además, obliga a estos representantes a comparecer y actuar, en el proceso, a través del procurador. 

Los requisitos para ostentar y, en consecuencia, para poder ejercer la profesión de procurador, son los siguientes:

a) Tener nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, sin perjuicio de lo dispuesto en Tratados o Convenios internacionales o salvo dispensa legal.
b) Ser mayor de edad y no estar incurso en causa de incapacidad.
c) Tener el título de Licenciado en Derecho.
d) Haber obtenido el título de procurador que es expedido por el Ministerio de Justicia a quien reúna las condiciones legales.
e) Inscribirse en el Colegio.
f) Constituir la fianza exigida estatutariamente.
g) Prestar juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, así como al resto del ordenamiento jurídico, ante la autoridad judicial de mayor rango del Partido Judicial en el que se vaya a ejercer, o ante la Junta de Gobierno del Colegio.
h) Estar dado de alta en la Mutualidad de Procuradores de los Tribunales de España o, alternativamente, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.
(artículo 8, 9 y 10 del Estatuto General)

La exigencia de nacionalidad española se ha transformado, respecto de la normativa anterior (Estatuto General de los Procuradores de 1982), en requisito más amplio, extendiendo a todos los nacionales de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, la posibilidad de ser procurador en España (art. 2 del Real Decreto 174/1991, de 15 de Febrero, sobre requisitos de la nacionalidad para incorporación a los Colegios de Procuradores y Abogados), a tenor de lo dispuesto por el art. 52 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, sobre acceso a profesionales de los restantes miembros de sus respectivos nacionales. 

A la dispensa del requisito de tener nacionalidad española para los nacionales de los demás Estados miembros, se une la trascendencia de la Directiva del Consejo de 21 de Noviembre de 1988, relativa al sistema general reconocimiento de los títulos de enseñanza superior y su proyección futura en relación con determinadas profesiones, entre las que se incluye la de procurador de los tribunales de España. 

Por otra parte, se establecen en el Estatuto General las circunstancias que incapacitan para el ejercicio de la profesión procurador, considerando como tales los impedimentos que imposibiliten el cumplimiento de las funciones atribuidas a los procuradores, la inhabilitación o suspensión expresa para el ejercicio de la profesión de procurador o de cualquier otra profesión del ámbito de la Administración de Justicia y demás Administraciones Públicas, en virtud de resolución judicial o corporativa firme, así como las resoluciones disciplinarias firmes que impongan la suspensión en el ejercicio profesional ola expulsión del Colegio (art. 11 del Estatuto General). 

El estatuto profesional obliga también a observar un régimen de incompatibilidades absolutas, esto es, de causas que impiden simultanear, en todo caso, el ejercicio de determinadas actividades con las de la procura, bajo sanción de suspensión mientras subsista la incompatibilidad (arts. 24 al 26 del Estatuto General). 

Como causas de abstención, se regulan en el Estatuto General (art. 27) aquellas situaciones en las que, por razón de parentesco o relación conyugal o asimilable, o relación de consanguinidad, pueden afectar al correcto ejercicio profesional del procurador. Estas causas de abstención impiden al procurador ejercer su profesión ante los siguientes órganos:
- El órgano judicial donde desempeñe la función de Magistrado o Juez el cónyuge o persona que conviva con el procurador en relación asimilable, o un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad. 

- Los órganos jurisdiccionales en que el Secretario, oficiales, auxiliares o agentes judiciales se encuentren con el procurador en la misma relación descrita en el párrafo anterior. 

- Los órganos administrativos a cargo de cónyuge o persona vinculada por una análoga relación de afectividad, o un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad.

En cuanto a los deberes, amén de ser colaborador solícito y eficaz con los órganos jurisdiccionales actuando con profesionalidad, honradez y lealtad en la defensa de los intereses de sus representados, el procurador está obligado a guardar el secreto profesional, a evitar la deslealtad y la competencia ilícita, a seguir el juicio mientras no haya cesado en su cargo, a firmar todas las peticiones que se presenten a nombre de su representado, a oír y firmar emplazamientos, citaciones y notificaciones de cualquier clase y asistir a todas las diligencias y actos prevenidos por el ordenamiento. Además, está obligado al pago de todos los gastos judiciales causados a su instancia, debiendo dar cuenta documentada a sus clientes de los mismos. 


Tiene, además, obligación de comunicar el domicilio profesional y de informar de su cambio al COLEGIO DE PROCURADORES. 

Con el abogado, tiene el deber de aportar la documentación, antecedentes e instrucciones que obtenga, así como tenerlo al corriente de la marcha del pleito, haciéndole llegar copia de tantas resoluciones como le sean comunicadas. 

Institucionalmente tiene el deber de contribuir a las cargas colegiales y mutuales, así como a representar gratuitamente a los litigantes sin medios en los casos previstos por la ley. 

Los procuradores tienen, como es lógico unos derechos legales, entre los que destacamos: derecho al uso de la toga y a sentarse en estrados, a exigir al poderdante en el momento de la aceptación del poder la provisión de fondos que sea necesaria. A recibir en concepto de honorarios lo establecido por el Arancel o tarifa oficial para una minuciosa relación de actuaciones y servicios procesales prestables. 

Tienen, también, derecho a ser sustituidos por otros procuradores o por Oficial habilitado para la práctica de actuaciones y diligencias judiciales y, en general, para realizar cualquier acto propio de su función en los asuntos que se encuentre personado. 

Por otra parte, en el incumplimiento de sus funciones profesionales el procurador está sujeto a responsabilidad civil, penal y disciplinaria. En lo civil, por el mero hecho de la aceptación del mandato, responde de los daños y perjuicios que, de no ejecutarlo, se ocasiones al mandante, respondiendo tanto por dolo como por culpa a reparar el daño causado. 

En lo penal, nuestro vigente código hace mención en varias ocasiones a su responsabilidad, sobre todo en lo relativo a la obstrucción a la Justicia, a la deslealtad profesional, al incumplimiento de sus obligaciones legales que por su trascendencia no puedan ser objeto de mera corrección disciplinaria. 

La responsabilidad disciplinaria, por su parte, viene establecida en una doble vertiente: la relativa a su actuación profesional ante juzgados y tribunales, regulada en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, y la que se refiere a la conducta profesional, la cual queda regulada en el Estatuto general de los Procuradores y, en su caso, por los del Colegio en el que ejerce el procurador. La primera se traduce en correcciones disciplinarias impuestas por el propio órgano judicial y la otra por correcciones del Colegio, tramitando el preceptivo expediente sancionador sujeto a trámites y recursos propios de los expedientes administrativos.